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Buscan a 3,000 niños desaparecidos por guerra en El Salvador

Por
Prensa Asociada, 02/28/2018

Existen
denuncias de que los militares se apropiaban de los niños y los registraban
como propios.


 
Hay
decisiones judiciales a favor de madres de niños desaparecidos y poca
colaboración de las Fuerzas Armadas. (AP)
 
 
SAN
SALVADOR. Algunos quisieran olvidar lo que sucedió en la guerra, pero en El
Salvador también hay quienes esperan justicia. Para ellos las heridas siguen
abiertas y exigen conocer el paradero de los niños que perdieron en los años 80
mientras huían de las explosiones durante los combates entre guerrilleros y
militares 
El tema
no ha perdido vigencia desde que terminó la guerra civil en 1992. Hace unos
días, el caso de las hermanas Gladys Suleyma y Norma Clímaco Rivas volvió a
cobrar relevancia cuando se dio a conocer que la Corte Suprema respaldó a la
madre de las menores para indagar en su desaparición. Ella había señalado que
la ausencia de sus hijas fue responsabilidad de las fuerzas armadas y el
organismo dictó una sentencia a su favor en diciembre, aunque la noticia se dio
a conocer hace unas semanas. 
Sin
embargo, la presión que han ejercido las familias de las víctimas —apoyadas por
organismos internacionales y locales— no ha conseguido que las fuerzas armadas
abran sus archivos para indagar en la desaparición forzada de menores durante
el conflicto. 
La
Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada tras la firma de la paz en
1992, estima que hubo unas 5,000 desapariciones forzadas durante la guerra
civil (1980-1992) y con el trabajo de familiares de las víctimas y
organizaciones de derechos humanos se logró documentar casi 3,000 adicionales,
lo que permitiría estimar que la cifra total rondaría los 10,000. Y aunque no
hay cifras oficiales, organismos civiles estiman que unos 3,000 de estos
desaparecidos serían menores de edad. 
En los
últimos seis meses, la Corte salvadoreña emitió dos sentencias que apoyan a
familias que desean conocer el paradero de sus menores desaparecidos. En la que
concierne al caso de las hermanas Clímaco Rivas, se ordenó al ministro de la
Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto que entregaran datos relacionados
con el operativo militar “Mario Azenón Palma”, donde según su madre habrían
desaparecido Gladys y Norma, de seis y siete años respectivamente. 
Aunque
todas las sentencias de la Corte son de estricto cumplimiento, ninguno de los
dos funcionarios ha dado respuesta. 
El
organismo resolvió que si continúa la negativa se informaría al presidente
Salvador Sánchez Cerén para presionar a la institución y pidió a la Fiscalía
General que investigue el caso e informe cada tres meses sobre las
gestiones. 
Según la
denuncia hecha por su madre —Nicolasa—, Gladys y Norma desaparecieron en agosto
de 1982 en el departamento de San Vicente, pero el ministro de la Defensa ha
asegurado que tras “haber realizado la búsqueda en los archivos institucionales
se ha podido establecer que no se encuentran documentos y registros de ningún
tipo relacionados al supuesto operativo”. 
La AP
contactó al Ministerio de Defensa pero no ha recibido comentarios sobre la
situación hasta el momento. 
De
acuerdo con Eduardo García, que ha apoyado a Nicolasa y es director ejecutivo
de Pro-Búsqueda —asociación enfocada en la desaparición de menores durante la
guerra—, aunque la milicia salvadoreña niega que haya información relacionada
con este caso, tanto la Comisión Interamericana de Derechos y Humanos (CIDH)
como la Corte Suprema lo han confirmado. 
Según la
sentencia, hay “datos suficientes y coincidentes” para asegurar que ambas
estaban en el lugar durante el operativo y “que fueron desaparecidas
involuntariamente a manos de elementos militares”. Además se subraya que la
desaparición de las niñas ocurrió en el lugar y fecha indicados por su madre y
Pro-Búsqueda. 
“Para
pensar en una reconciliación del país no basta con decir que las heridas están
cerradas, esas heridas están latentes. Hay personas vivas que están privadas de
libertad”, agregó Eduardo García. 
Durante
la guerra, los militares trataban de aislar a los rebeldes de la población
civil para que no tuvieran acceso a alimentos o medicinas. Las operaciones
incluían bombardeos, ataques a pobladores y masacre de civiles. Lo anterior fue
documentado en 1993 por Naciones Unidas. 
Al huir,
las mujeres, ancianos y menores quedaban atrás porque no podían caminar
demasiado. Después de los combates, los padres volvían a buscar a sus hijos
entre los cadáveres, pero era común que no los encontraran. Según familiares y
defensores de los derechos humanos como Pro-Búsqueda, fueron llevados por los
militares. 
“Nosotros
Íbamos huyendo con un montón de familias cuando fuimos detectados por los
batallones elites, el ejército nos bombardeó, ametralló y desembarcó tropas,
allí me mataron mi hija de ocho años y me desaparecieron una de seis años”,
narró a The Associated Press José Laínez Ayala, un salvadoreño de 61 años
también originario de San Vicente. 
“Cuando
terminó el operativo militar, regresamos. Buscamos y buscamos a las niñas,
encontramos muerta a mi hija de ocho años y a ella (Imelda) no pudimos
encontrarla porque prácticamente se la llevó el ejército”, aseguró el
hombre. 
A
diferencia de países como Argentina, El Salvador no ha revelado información
oficial que permita saber con precisión qué sucedió con los menores tras su
desaparición, pero investigaciones independientes han arrojado algunas
hipótesis. Según Pro-Búsqueda, existen casos en que los militares se apropiaban
de los niños y los registraban como propios. 
En otros
casos, según explicó García, eran entregados a otras familias, empleados como
servidumbre, regalados en un pueblo, o eran remitidos a la Cruz Roja antes de
terminar en orfanatos. 
En 2013,
la AP entrevistó a Gregoria Herminia Contreras, quien fue separada de sus
padres cuando tenía cuatro años para ser adoptada a la fuerza por un soldado
que la registró con un nuevo apellido y la llevó a su casa durante la guerra
civil. 
En aquel
entonces, la CIDH declaró que las desapariciones de Contreras, sus dos hermanos
y otros tres menores fueron perpetradas por miembros de la fuerza armada entre
1981 y 1983. La CIDH condenó al Estado por el secuestro y El Salvador reconoció
la responsabilidad y pidió perdón por el crimen. 
En
Pro-Búsqueda consideran que los casos que involucran a militares podrían
multiplicarse si el Ministerio de la Defensa hiciera públicos los archivos, que
darían cuenta de los responsables de las operaciones castrenses durante la
guerra. 
Desde su
creación en 1994, esta asociación ha documentado 881 denuncias de familiares de
infantes desaparecidos y otros 200 casos fueron presentados por jóvenes que han
sido adoptados en el extranjero y desean conocer a sus familiares. Hasta ahora,
la asociación ha podido establecer la identidad de 442 personas mediante
pruebas de ADN y considera que unos 3,000 niños pudieron haber desaparecido
durante la guerra, aunque no estima cuántos de éstos pudieron terminar en
hogares militares. 
Pro-Búsqueda
tiene un banco con información genética de familiares de menores desaparecidos
y aún tiene más de 500 denuncias por aclarar.