Los venezolanos se acuestan con hambre
FLORANTONIA SINGER 22 FEB 2018 |
La crisis alimentaria hace estragos en la salud de los venezolanos, según revela una encuesta hecha por investigadores del país sudamericano.
La mayoría ha reducido su talla y se acuesta con hambre. Un 64,3% reconoce haber perdido once kilos de peso en 2017. Las bolsas de comida que el Gobierno vende a precios regulados sólo llegan a 12,6 millones de personas, poco más de un tercio de la población.
Yuca y arroz. En eso se basa la dieta de la mayoría de los venezolanos. La harina de maíz precocida, ingrediente base de la arepa, emblema culinario del país, ha sido desplazada por primera vez entre los principales alimentos que los ciudadanos del país sudamericano buscan para alimentarse.
La crisis alimentaria que atraviesa Venezuela tiene una dramática expresión en la talla de los ciudadanos y en lo que comen, según los resultados correspondientes a 2017 de la Encuesta de Condiciones de Vida del Venezolano, realizada desde 2014 por investigadores de tres de las instituciones académicas más importantes del país, las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar.
“La gente está desarrollando estrategias para sobrevivir, no para alimentarse. Ya no es posible ni siquiera sustituir alimentos. La caída en el consumo de harina de maíz, un alimento que por las leyes venezolanas está enriquecido con hierro y vitaminas, es dramática, al igual que la de hortalizas y frutas, que aportan los micronutrientes”, señala la doctora Marianella Herrera, miembro del equipo de investigadores.
En la encuesta de 2017 se ha incluido por segunda vez la pregunta acerca de la pérdida de peso que reportan los ciudadanos. En 2016, la mayoría dijo haber perdido 8 kilogramos, tres menos que el año anterior, lo que indica que la malnutrición de los venezolanos se ha acentuado y los ha llevado a adelgazar aún más, siguiendo una dieta que Herrera llama anémica, por la carencia del hierro que aportan las carnes, las verduras de hojas verdes y la harina de maíz nacional, cada vez más escasa y que el Gobierno ha sustituido por versiones importadas no fortificadas –como la harina de maíz mexicana, que sirve para hacer tortillas pero no arepas— que se distribuyen a través de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), controlados por seguidores del Gobierno.
En contraste, un 7,2% de los encuestados reportó haber ganado unos 7,6 kilogramos de peso; un dato, ataja Herrera, que tampoco revela bienestar. “Una dieta basada en tubérculos y harinas únicamente puede hacer engordar a algunos, pero no los saca de la epidemia de malnutrición que vivimos, ahí también hay un hambre oculta”.
Los resultados presentados por los académicos cuantifican el drama del hambre en Venezuela y del acelerado crecimiento de la pobreza, que en la encuesta alcanza a un 87% de la población. La investigación expone la radiografía de un país sin cifras, una realidad difícil de ocultar en las calles y en los estómagos de los ciudadanos, pero que el régimen de Nicolás Maduro se ha empeñado en tapar, al no divulgar información estadística desde hace cinco años (y en el caso de algunos indicadores, desde hace un tiempo más).
Los datos fueron recogidos entre julio y septiembre del año pasado, por lo que los investigadores hacen la salvedad de que no recogen todo el deterioro que supone el proceso de hiperinflación que vive el país desde noviembre pasado.
El estudio, basado en una muestra nacional de 6.168 hogares, también reveló que 8.130.000 venezolanos comen dos o menos veces al día. El desayuno es la comida que más se sacrifica en hogares donde el 61,2% de los encuestados asegura que se acuesta a dormir con hambre.
“Tenemos reportes dramáticos de madres que tienen que decidir a qué hijo alimentan con proteínas un día y a cuál no. Esto es dramático”. De acuerdo con Herrera, y haciendo un cruce de variables con distintos indicadores, se puede decir que en Venezuela el 80% de las familias padece de inseguridad alimentaria.
Herramienta de control
La cobertura de las misiones, los programas sociales que se convirtieron en bandera de propaganda del chavismo y también en una herramienta clientelar de control político, ha caído dramáticamente, según la encuesta. En 2017, menos de 200.000 personas dijeron haberse beneficiado de la misión Barrio Adentro, creada en 2003 por Hugo Chávez con la cooperación del Gobierno de Cuba, que aportó decenas de miles de médicos de la isla para prestar atención en los barrios y caseríos más pobres del país.
Ahora toda la política social está centrada en los CLAP y en los bonos en dinero que se entregan a través del llamado carné de la patria. De los 13,4 millones de personas que se benefician de alguno de los programas sociales del Gobierno, 12,6 millones reciben alimentos.
Este dato también se corresponde con la cobertura del carné de la patria: en tres de cada cuatro hogares venezolanos, alguno de sus miembros disponen de una de estas tarjetas que el chavismo comenzó a implementar el año pasado para dar beneficios y que ha usado en las recientes elecciones de gobernadores y alcaldes como herramienta para coaccionar el voto.
“Observamos que el venezolano ve que el carné de la patria es un registro que le permitirá recibir lo que el Gobierno vaya a repartir, que no está relacionado necesariamente con una adhesión política del ciudadano, pues de ser así el Gobierno tendría por lo menos un 75% de aprobación, pero sin duda es una herramienta de control, que por la masividad pudiera convertirse en una cédula con la que el Gobierno pretenda regular el acceso a los servicios de la ciudadanía”, advierte la socióloga María Gabriela Ponce.
La distribución de alimentos a través de los CLAP, lejos de paliar la crisis alimentaria del país, exacerba las desigualdades, apuntan los investigadores. La frecuencia de recepción de las bolsas o cajas con comida es discrecional e intermitente. Un poco más de la mitad de los hogares beneficiarios no la recibe periódicamente y la cifra sube al 69% en las ciudades pequeñas y caseríos, donde la pobreza es mayor. En contraste, en Caracas, el 64% de los beneficiarios asegura que la recibe mensualmente y el 24%, cada dos meses.