Si no hay un milagro legislativo que lo impida, tienen hasta septiembre de 2019 para tomar una decisión trascendental: volver a su empobrecido país, del que huyeron hace años; tratar de convertirse en inmigrantes legales en EE UU o quedarse en el país pero con el riesgo de ser deportados. Sus vidas penden de un frágil hilo. Muchos se horrorizan al pensar en dejar atrás a sus hijos, que, como nacieron en EE UU, tienen la ciudadanía y no pueden ser deportados.

El Gobierno de Donald Trump ha puesto fecha de caducidad al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas inglesas) para El Salvador, iniciado en 2001 tras dos terremotos en ese país. La decisión afecta a unos 200.000 inmigrantes salvadoreños e indirectamente a sus 192.000 hijos estadounidenses. En los últimos meses, ya se canceló, aunque con menos afectados, el TPS para haitianos, nicaragüenses y sudaneses. El programa se creó en 1990 para conceder visados temporales y permisos de trabajo a personas que ya vivían en EE UU de forma ilegal y originarias de países afectados por guerras o desastres naturales.

El área metropolitana de Washington es un feudo salvadoreño. La Embajada salvadoreña calcula que viven cerca de medio millón de nacionales, que escaparon de la guerra civil y la inestabilidad en su país. Uno de cada 10 recibe el TPS. Las organizaciones migratorias calculan que perder a los empleados salvadoreños con TPS restaría al PIB de EE UU 109.000 millones de dólares en una década.

Jorge Escobar, de 46 años, con uno de sus hijos

Estas son las historias de tres salvadoreños que se benefician actualmente o en el pasado del programa:

Jorge Escobar, 46 años

Escobar llegó de forma ilegal a EE UU, “caminando por la frontera”, en 1998. Tenía 20 años y estudiaba en El Salvador, pero perdió su trabajo, dejó de poder pagar la universidad y decidió seguir la estela de su hermano, que vivía en EE UU. Lleva 20 años trabajando en la construcción y desde hace 10 tiene su propia empresa. “Esperábamos que el Gobierno nos fuera a dar una oportunidad. Como pagamos impuestos, pensábamos que después del TPS nos iban a dar la residencia permanente, dice.

Escobar, que vive en Hyattsville (Maryland), tiene dos hijas de 15 y 16 años, y uno de 8. Está divorciado de su esposa, que también recibe el TPS, y le paga una manutención. “Mis hijos tienen que crecer, no sé quién les va a ayudar”, lamenta. “¿Qué les digo a mis hijos que les va a pasar?”.

Está sumido en un mar de dudas sobre su futuro. Piensa que una posibilidad para, poder quedarse legalmente en EE UU, es casarse con una estadounidense. Le aterroriza volver a El Salvador, donde viven su madre y otro hermano, a los que manda remesas. “Allá todavía es peligroso”, advierte en alusión a las maras.

Nancy Vázquez, de 48 años

Nancy Vázquez, 48 años

Vázquez llegó en 1999 a EE UU de forma legal. Viajó en avión con un visado de turista de seis meses, pero cuando se le caducó se quedó como indocumentada. En 2001, recibió el TPS y dejó de correr riesgo de ser deportada. Ganó “un marco de seguridad”, como optar a un empleo regular.

Dice poder entender el argumento del Gobierno de que el programa fue concebido como una protección temporal, pero también pide una solución: “Lo que sería justo para nosotros que ya hicimos nuestra vida aquí, tuvimos hijos, agarramos casa, negocios, trabajos, de que nos den algo más seguro, por ejemplo una residencia permanente”.

Esta salvadoreña, que vive en Damascus (Maryland) y trabaja en un centro de rehabilitación, integra una organización que presiona a los políticos en favor del TPS y confía en que el Congreso apruebe una ley que los ampare antes de septiembre de 2019.

Asegura que “se veía a venir” que Trump cancelaría la protección a salvadoreños y se muestra calmada: “No me voy a apresurar. Mi última instancia es ir ante un juez y decirle que yo tengo aquí prácticamente mi vida hecha, que tengo mi hija y qué va a hacer mi hija allá en mi país”. Dibuja un paisaje de pocas oportunidades para la menor en El Salvador, pero rechaza especular sobre si se plantea quedarse como indocumentada en EE UU: “No sabría decirle realmente qué haría en ese momento”.

Wendy Clavijo, de 33 años

Wendy Clavijo, de 33 años

Wendy Clavijo, una salvadoreña de 33 años que vive en Alexandria (Virginia), respira aliviada. En 2002 obtuvo el TPS, pero en 2010 se casó con un estadounidense, lo que le concedió la residencia permanente y más adelante la ciudadanía.

“Era todo el tiempo la preocupación de que era temporal y de que siempre estábamos en el hilo de la desesperación”, cuenta sobre su etapa como receptora del TPS. Explica que no se atrevía a salir de EE UU por si no podría volver a entrar y que su empleo, en un banco, dependía de su permiso.

Clavijo llegó en 2000 a EE UU. Lo hizo de forma legal como turista, pero luego se quedó en el país más allá de lo permitido por su visado. El hecho de haber llegado legalmente, asegura, fue determinante para recibir la ciudadanía tras casarse.

Como que ya vivía en EE UU, sostiene que no podía optar a que un empleador le patrocinara un visado y que sus únicas opciones para ser una inmigrante legal eran casarse o solicitar un asilo político.