La desigualdad es la gran asignatura pendiente que Túnez no ha logrado solucionar desde que en 2010 experimentó, como primer país de la llamada primavera árabe, una revolución popular que terminó con 23 años de dictadura.

Esta reivindicación explica las protestas vividas en las últimas semanas en la nación norteafricana ante una situación que lastra permanentemente el progreso de su sociedad, que ha logrado la libertad política pero no ha conseguido mejoras en las condiciones de vida de una gran parte de la población. El sector más perjudicado se concentra en el interior —rural y empobrecido—, que al contrario de sus compatriotas de la costa —clase media y urbana— no ha visto grandes avances en su día a día tras la caída de la dictadura de Zine el Abidine Ben Ali.

Indicadores como el paro juvenil —en torno al 40% en el interior con un media nacional del 30%—, sin visos de solución a medio plazo, han alimentado un descontento que el Gobierno debe asumir con urgencia y seriedad para que no se malogre el experimento democrático en uno de los pocos países donde la primavera árabe no ha terminado ni en dictadura ni en baño de sangre.

Las ayudas inmediatas a 120.000 familias y las facilidades prometidas a otras 500.000 en préstamos e hipotecas son medidas de emergencia que el Gobierno hace bien en adoptar, pero no pueden hacer olvidar la necesidad urgente de hacer que los tunecinos experimenten mejoras palpables en su vida. En un país donde la desafección por la política se ha disparado y la corrupción sigue muy extendida —la participación en las elecciones municipales de marzo podría rondar apenas el 20%— es un peligroso caldo de cultivo favorable a formaciones radicales que ofrecen soluciones inmediatas.

Túnez es un ejemplo frágil pero exitoso de democracia en el Magreb. Y sus ciudadanos deben ver los beneficios de ello.