Esta parte no puede ser el hijo o la hija que quisieran ver al padre. Los hijos y las hijas, ni nadie en su nombre, pueden obligar al padre a cumplir el régimen de visitas. Al padre que incumple nadie le puede obligar. A los hijos y a las hijas les pueden obligar los padres que tengan reconocido el derecho de visitas. Para obligarles pueden usar la fuerza pública organizada, la policía, los bomberos, la cárcel, todo con tal de que se cumpla el régimen de visitas.

Imagínese qué pasa por la mente de un maltratador, que se caracteriza por usar la amenaza y la coacción en sus relaciones familiares, cuando se le concede el derecho a obligar a sus hijas e hijos y a la madre de éstos y de éstas, a cumplir el régimen de visitas. Imagínese el efecto que puede tener en un condenado por delito de violencia de género, el reconocimiento de su derecho a usar la fuerza pública para ejercer su derecho de visitas, que es un derecho a relacionarse con los hijos e hijas.

Poner el uso de la fuerza pública en manos de quien usa la amenaza y coacción en sus relaciones familiares es un factor de riesgo de que ejerza el derecho de visitas en grado de violencia, es más, es un factor de riesgo de que ejerza la violencia en ese marco de derecho de visitas que le autoriza a imponer, obligar, exigir a que se cumpla su derecho.

Imagínese el efecto que puede tener en un condenado por delito de violencia de género, el reconocimiento de su derecho a usar la fuerza pública para ejercer su derecho de visitas, que es un derecho a relacionarse con los hijos e hijas

Es como si al condenado por lesiones a su ex pareja causadas con arma de fuego, se le autorizara a usar el arma de fuego para obligar a su expareja y a los hijos e hijas a cumplir el régimen de visitas.

El Estado es quien puede hacer uso de la violencia pero ésta no se pone en marcha si no lo pide la parte legítima. Es como si al maltratador se le reconociera el derecho a decidir cuándo se dispara el arma que solo acciona el policía a la orden del Juzgado instada por el maltratador.