Violeta Julca Ríos notó que su hija, de diez años, se tapaba su vientre abultado. La mujer, que vive en el distrito peruano de Ventanilla (en la región del Callao), una zona con un nivel socioeconómico medio-bajo, decidió llevarla al médico, donde le hicieron una ecografía. Fue así como descubrió que la menor estaba embarazada de cinco meses, fruto de una violación.

El agresor, estaba cerca: era la pareja de la madre, Elmer Sergio Chambergo, de 29 años, a quien la mujer denunció el pasado 21 de noviembre por agresión sexual contra la niña. El hombre se ha fugado y, una vez que la Fiscalía formule una acusación, se emitirá una orden de busca y captura.

El caso de la hija de Violeta Julca Ríos es uno más de las decenas de agresiones sexuales cometidas contra menores e incluso bebés que han salido a la luz este año en Perú. El Ministerio del Interior, que tiene un listado de más de 2.300 personas buscadas por la justicia con un sistema de recompensas, explica que un tercio de ellos han cometido violación sexual.

La asesora del Ministerio de Interior Rosario Sasieta, especialista en violencia familiar, indicó a EL PAÍS que solo entre finales de octubre y de noviembre la Policía Nacional ha capturado a 208 personas responsables de delitos de violencia contra la mujer, “existiendo o no recompensa” por su captura. Sasieta añade que el 26 de octubre la entidad inició la campaña Uno menos, que persigue a los feminicidas y agresores de mujeres y de menores de edad, a raíz del caso de un joven de 17 años que a finales de septiembre violó y mató a su bebé en Chota, una provincia de la sierra norte, en la región de Cajamarca. Pocos días antes, otro hecho conmocionó a la sociedad peruana. Un campesino de 27 años de una comunidad rural, pobre y aislada, en Ancash, ultrajó a su bebé de dos meses y medio. El hombre explicó que había llevado a su hija al médico porque no podía orinar y que intentó ayudarla introduciéndole los dedos. Sin embargo, el personal de salud de Pomabamba, que evaluó a la bebé, reportó el caso a la comisaría del lugar, dado el daño físico infligido a la víctima.

Ante el incremento de denuncias por violencia sexual este año, el Gobierno peruano promulgó en julio la Ley 30609, que elimina los beneficios penitenciarios para los violadores de menores de edad y para los responsables de violaciones seguidas de muerte. En junio, cuando el Congreso sometió a votación el proyecto de ley, la bancada fujimorista de Fuerza Popular se opuso a la norma debido a que la iniciativa legal aludía a la “violencia de género”, un concepto que dicha formación política combate y caricaturiza con la expresión “ideología de género”. Solo en la primera mitad del año, los Centros de Emergencia Mujer, dependientes del Ministerio de la Mujer, recibieron 231.000 denuncias de violencia familiar y sexual contra niñas, niños y adolescentes.