Había una condena previa por maltrato y hasta tres delitos de lesiones recogidos en la denuncia que presentó Andrea Carballo, la mujer asesinada el día antes de Nochebuena en Benicàssim (Castellón) contra su presunto asesino una semana antes de morir. 

A pesar de los indicios, el juez dictó solo una orden de alejamiento y la policía consideró que el riesgo que sufría era “medio”.

El sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) que el Ministerio de Interior puso en marcha en 2007 divide el peligro que corren las víctimas en cinco niveles desde el no apreciado al extremo. Distintos colectivos de mujeres se han levantado contra este modelo de evaluación que llevan a cabo los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al considerar que minimiza el riesgo real. Según los datos de Interior sobre VioGén, a noviembre de 2017 solo el 0,36% de las mujeres en seguimiento fueron consideradas de riesgo alto o extremo. Son 198 de los más de 55.000 casos activos. Nueve de cada 10 se señalan como de riesgo no apreciado o bajo y apenas el 8% (4.660 casos) están consideradas en el nivel medio.

Entre las primeras medidas del Pacto de Estado para atajar la violencia machista, que este miércoles han respaldado por unanimidad las comunidades autónomas, se espera ampliar en 2018 la formación especializada para valorar casos de los profesionales de los juzgados y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Es una de las 26 medidas que se han priorizado de las 217 que incluye el acuerdo para los próximos cinco años, lo que supone que apenas una de cada 10 medidas (12%) se activarán en este 2018.

Preguntada sobre si considera un error que a la asesinada en Castellón se le aplicara un riesgo medio y cómo mejorar las medidas para la ayuda a las víctimas, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado este miércoles que la solución es “el Pacto de Estado”. “Justamente hemos dado por bueno el gran trabajo desde la aprobación de ley orgánica” [la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, impulsada por el PSOE y aprobada en 2004], “pero durante estos años han pasado muchas cosas”, ha señalado la ministra. Montserrat ha indicado al termino de la reunión con las comunidades autónomas que considera que este último acuerdo llega para “revisar y mejorar todo aquello que consideramos que no termina de funcionar” y que “solucionan problemas que estamos viendo en casos en algunas víctimas que han habido por ejemplo en este último año”.

Prisión preventiva

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, se ha preguntado por qué no se pidió prisión preventiva para el presunto agresor de Benicàssim. “Hay denuncia previa, agresiones previas y un intento de atropello”, ha señalado Oltra, que pide analizar que ha pasado tanto en este caso como en los recientes de Sant Adrià del Besós (Barcelona) y Elda(Alicante), en los que también había denuncia previa. Para la consellera, es importante que “se establezcan mecanismos de coordinación y que las mujeres estén protegidas”: “La víctima ha de tener su vida lo más tranquila y normalizada posible”. “Aquí hacen falta mas recursos, mas pulseras, mas medios recursos humanos y económicos”, ha destacado Oltra.

Pese a estos casos, la número 2 del Gobierno valenciano recalca que “no hay que disuadir a las víctimas” de denunciar ya que “por cada caso que falla, hay miles de aciertos” por lo que ha instado tanto a las víctimas como a su entorno a poner la denuncia.