El Gobierno Vasco está estudiando el desarrollo de una alternativa “más discreta” que los actuales teléfonos ‘bortxa’ de respuesta inmediata para las víctimas de violencia machista, que consistiría en la sustitución de estas terminales por una aplicación instalada en los teléfonos móviles personales de las mujeres amenazadas.

La posible implantación de este sistema ha sido dado a conocer por la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, en respuesta a una pregunta de EH Bildu.

El parlamentario de la coalición Julen Arzuaga ha pedido explicaciones sobre las “carencias” de los actuales sistemas de control telemático que, por orden judicial, se imponen a determinados maltratadores.

Arzuaga ha alertado de que los fallos que suelen producirse en estas pulseras ponen en peligro a las víctimas, algunas de las cuales ya han asegurado haberse “arrepentido” de denunciar a sus maltratadores debido a que este sistema de protección “no funciona”.

La consejera ha recordado que la gestión de estas pulseras es competencia del Ministerio de Justicia, que tiene contratado el servicio a través de una empresa concesionaria. No obstante, según ha precisado, el Gobierno Vasco ha pedido que se exploren “nuevos desarrollos tecnológicos” que permitan “minimizar” los errores en estas pulseras.

Medidas actuales de protección para las víctimas

Beltrán de Heredia ha explicado que la Ertzaintza sí ofrece otros sistemas de protección. De hecho, ha informado de que en la actualidad, en Euskadi hay 57 mujeres con escolta y que a 74 se les ha asignado un servicio de contravigilancia.

Asimismo, 942 mujeres disponen de un teléfono ‘bortxa’, con el que pueden solicitar ayuda “inmediata” en caso de amenaza. La consejera ha anunciado que la Ertzaintza está analizando una alternativa más “discreta” que estas terminales, que consistiría en la instalación de una aplicación en los teléfonos móviles personales de las víctimas.

La Ertzaintza tiene en la actualidad 4.912 expedientes en ejecución por violencia de género o violencia doméstica, que afectan a 4.553 mujeres y a 1.097 hombres, la mayoría de ellos menores de edad.