El juez, que la admitió a trámite y ha ordenado diversas diligencias, también estudia la presunta implicación de la alcaldesa de Olesa, Pilar Piudemon, de una concejal y de un funcionario municipal ya que los querellantes consideran que conocían estos delitos y supuestamente no hicieron nada.

“La presente querella viene motivada por el hartazgo de los querellantes quienes han venido sufriendo durante años una actitud de acodo en el trabajo, en sus diversas variantes como se verá, por parte de los superiores de la policía” asegura el escrito que investiga el juzgado que destaca que los mandos han usado “todos los medios coercitivos, humillantes, vejatorios y despóticos que han considerado convenientes”.

La investigación se centra en la actuación del máximo responsable de la Policía Local, quien “se ha convertido en una figura mesiánica que ha tomado la comisaría como su feudo del que se siente propietario”, y de dos de sus mandos intermedios que “despliegan sus órdenes de forma personalizada” contra los agentes. La querella también se interpuso contra los responsables municipales por ser “incapaces de frenar o poner las medidas necesarias ante la actitud arbitraria de los mandos policiales, a pesar de ser conocedores de ello”.

Y es que antes de agotar la carta de la querella, una docena de agentes aseguran que intentaron por otras vías reconducir su situación laboral y sus problemas con sus superiores. En el escrito que investiga el juez aseguran que desde hace años viven una «auténtica pesadilla que mina su salud». Sin embargo, también remarca que “los responsables municipales han hecho oídos sordos”, una actitud que hacen extensiva a los grupos de la oposición municipal.

La querella narra presuntos casos de acoso sexual a varias agentes e incluso el juzgado ordenó el volcado de las imágenes y los mensajes que recibió una de las denunciantes en su teléfono móvil de uno de los querellados durante el tiempo que compartieron servicio en la comisaría.Otra policía relata que le abrieron expediente cuando amenazó con denunciar el acoso de otro mando. Cinco agentes denuncian acoso laboral como trato vejatorio, con bromas incluidas el 28 de diciembre, broncas por usar el castellano y no el catalán en la comisaría, cambios de turno sin justificar, asignación de tareas absurdas, amenazas, humillaciones, no pueden adoptar medidas de seguridad necesarias para hacer su trabajo o apertura de presuntos expedientes falsos.

El escrito narra que los querellantes “son víctimas de acoso o mobbing en sus diversas formas dentro de un entorno laboral y por el mismo grupo de personas”, con una frecuencia “casi diaria” durante más de seis meses. Respecto a la prevaricación, la querella explica que mandos policiales supuestamente han retrasado “deliberadamente” cursos básicos en la escuela de policía de Mollet necesarios para ejercer tras superar la oposición, por presuntamente conceder “a dedo” plazas de cabo “al delatar los temas objeto de examen” o retirar denuncias de tráfico.

También se considera que la alcaldesa inició un expediente sancionador en enero de 2016 contra tres agentes querellantes a raíz de una denuncia del jefe de policía tras visionar cámaras de seguridad. La querella remarca que el sistema de videovigilancia no está correctamente señalado y vulnera la Ley de Protección de Datos, tal y como indica una resolución de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. De momento, un juzgado contencioso administrativo anuló la sanción a uno de los querellantes que recurrió, el resto está esperando la resolución, porque la sentencia considera que el Consistorio pasó el plazo previsto en la normativa para comunicar la multa.

La querella también denuncia posibles irregularidades en la forma de comprar chalecos antibalas en una armería o el presunto impago de las horas extra realizadas durante la jornada electoral de las elecciones generales de 2015. Tras admitir la querella el juez ordenó a la Guardia Civil que investigue documentación relativa a los mandos policiales querellados. El juzgado escuchó a los querellantes hace unas semanas y en febrero declaran testigos.

Tras conocerse esta investigación, el sindicato CSI-F remarcó que también existen otros procedimientos laborales abiertos que fueron recurridos ante las presuntas “irregularidades” que contenían. Además, detallan que los mandos policiales han conseguido afianzar el supuesto acoso a partir de cubrir plazas interinas relegando a algunos funcionarios de sus funciones y que hubo una denuncia a la inspección de trabajo por deficiencias en la comisaría.

Eugenio Zambrano, secretario de administración local autonómico de CSI-F Catalunya, lamentó “la falta de seriedad y rigor” del Ayuntamiento de Olesa en tratar estas investigación ya que “no se ha abierto ningún expediente informativo” a las personas querelladas. Por eso considera que puede existir “complicidad con los que vulneran derechos de los trabajadores” y que algunos de los afectados se les ha concedido la larga enfermedad o están de baja.