El país norteamericano sufre también los estragos de la violencia hacia las mujeres indígenas. Canadá aparece año con año en los primeros lugares de distintos índices de desarrollo y calidad de vida, sin embargo, no cuenta con una ley federal sobre violencia de género contra las mujeres. Es el único país de América que no tiene un instrumento como este. 

Las distintas formas en que se ejerce esta violencia son sancionadas por el código criminal, según el Ministerio de Justicia. Tal es el caso de agresiones físicas, psicológicas y sexuales. El código contempla disposiciones para proteger a las víctimas (como condiciones de liberación y órdenes de alejamiento) y considera estas formas de violencia como agravantes al momento de dictar sentencia. No obstante, centros de investigación y organismos comunitarios critican esta situación. “No se toma en cuenta a las mujeres como una población en riesgo. Tampoco se evocan factores relacionados con las dinámicas de género”, señala Manon Monastesse, copresidenta de la Red canadiense de casas de refugio para mujeres. Actualmente en seis provincias y tres territorios ya han adoptado leyes locales sobre violencia doméstica.

Estadísticas Canadá, la agencia estatal de estadística, publica cada cinco años información sobre violencia doméstica. De 2009 a 2014, unas 760,000 personas, el 4% de los 19,2 millones de canadienses con pareja o ex pareja, señalaron haber sufrido agresiones. En 2004, fue el 7%. A pesar de que la violencia afecta a hombres y mujeres, de acuerdo a este informe, los casos más graves fueron el doble entre la población femenina. A su vez, el 68% de las víctimas recopiladas por la policía han sido mujeres. El Instituto Canadiense de Investigaciones sobre las Mujeres y otras voces más han expresado que hay fallas metodológicas en este informe y que los números son en realidad más elevados. Holly Johnson, profesora de criminología en la Universidad de Ottawa, ha mostrado en distintos textos que estos datos no establecen un vínculo entre violencia y género, y que algunos tipos de agresión son contabilizados con menor intensidad de la que verdaderamente tuvieron. Canadá ha destacado en el mundo por la condición de las mujeres en importantes temas como el aborto, el nivel educativo y la representación en la esfera política. En el índice Mujeres, paz y seguridad, elaborado este año por la Universidad de Georgetown y el Instituto de Investigaciones sobre la Paz de Oslo, el país norteamericano figura en el séptimo puesto, mientras que un estudio en 2014 de la organización TrustLaw lo ubicó como el miembro del G-20 con las mejores condiciones de vida para las mujeres.

Textos académicos e informes oficiales subrayan sin embargo dos asignaturas pendientes: la disparidad salarial y la violencia de género. La sociedad canadiense no es inmune a las agresiones hacia sus mujeres. “La violencia sigue presentándose en todos los sectores sociales. Recibimos a mujeres mayores, a madres jóvenes con niños, a inmigrantes. La situación es especialmente preocupante entre los grupos indígenas”, comenta Monastesse. “La tasa de ocupación en nuestros centros es casi del 100%. Esto es positivo por un lado, ya que vemos que las víctimas buscan ayuda, pero al mismo tiempo refleja que persiste la violencia.

Violencia contra las mujeres indígenas

Las mujeres indígenas son las más afectadas por la violencia de género. Un informe de la Policía Montada de Canadá indica que entre 1980 y 2014, 1.049 mujeres autóctonas fueron asesinadas, mientras que 175 han desaparecido. Una de ellas es Claudette Osborne, madre de cuatro hijos e integrante del pueblo cree. Tenía 21 años de edad cuando fue vista por última vez en julio de 2008 en Winnipeg.

Los datos de 2015 y 2016 no se conocen aún. Las mujeres indígenas representan el 4.3% de la población femenina del país, pero tienen una tasa de homicidio del 16% y de desapariciones del 11.3%. La pobreza, el desempleo y la discriminación son caldo de cultivo para esta violencia. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y la Asociación Canadiense de Salud Pública han expresado su preocupación por este escenario.

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau presentó en junio una estrategia para prevenir y combatir la violencia de género, con un presupuesto de 111 millones de dólares canadienses (unos 86 millones de dólares) para los próximos cinco años, a modo de recopilar datos más precisos, crear programas de prevención y apoyo, y mejorar las respuestas del sistema judicial.

En diciembre de 2015, Trudeau anunció la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre los asesinatos y las desapariciones de mujeres indígenas. La iniciativa, aplaudida en un principio, ha tenido que enfrentar escollos y señalamientos. Seis integrantes de esta comisión renunciaron en los últimos meses. El modelo se ha centrado en la recopilación de testimonios y la redacción de un informe, pero ha dejado de lado asuntos relacionados con la procuración de justicia. Muchas familias pensaron que se reabrirían investigaciones sobre casos específicos, mandato que no tiene la comisión. “Es necesario un compromiso político muy firme, una gran voluntad para modificar aspectos estructurales que favorecen la violencia hacia las mujeres”, comenta Monastesse.