Ana Orantes y 1.000 asesinadas más
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| PILAR ÁLVAREZ |
Se cumplen 20 años del crimen machista que conmocionó a España. Pese a los avances, queda mucho por hacer en justicia, educación y compromiso social. Dos semanas antes de que su exmarido la quemara viva en el patio de su casa, la granadina Ana Orantes relató 40 años de malos tratos en el programa de la tarde de Canal Sur.
Enunció las palizas (“creí que me había roto la cara de lo que sonó”), los insultos (“me decía que yo no valía un duro”), los abusos también sobre sus ocho hijos (“a la niña le tocaba los muslos por debajo de la mesa”), el aislamiento (“no pude ir a la boda de mis hermanos”), el miedo (“ay doña Celia, hoy me mata, hoy es el último día de mi vida”). El testimonio que dejó en 1997 supuso una explosión, el despertar de una sociedad que consideraba que la violencia, como los trapos sucios, se lavaba en casa. El Defensor del Pueblo dio la voz de alarma con un informe monográfico un año después y tomaron fuerza las manifestaciones de protesta. España fue pionera en el mundo con leyes a favor de la mujer. Cambió el lenguaje, la judicatura, las políticas y la percepción. Pero los asesinatos no pararon. Más de 1.000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas —1.014, según el recuento que inició EL PAÍS en el 2001, cinco años antes que la Administración—, 45 solo en lo que va de año, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad.
A pesar de un avance notable, queda mucho camino para combatir una lacra que amenaza a más de la mitad de la población. Parte del sistema judicial aún pone en duda sus testimonios y estas mujeres no confían en la justicia. Tres de cada cuatro asesinadas no presentaron denuncia. Casi la mitad de las mujeres que aseguraron ser víctimas tampoco la presentaron porque minimizaron la situación, según la macroencuesta de violencia contra la mujer que hizo Sanidad en 2015. Desde todos los ámbitos se reclama un esfuerzo especial en la educación, que ya debería estar en marcha. Falla el apoyo del entorno y queda pendiente un respaldo claro y una concienciación con el resto de violencias contra la mujer.
“Eres una mujer maltratada si te impide ver a tu familia o tener contacto con tus amigos y vecinos”. La primera guía para víctimas, de 1999, hacía hincapié en aspectos que iban más allá de un ojo morado. Ana Orantes veía a su madre a escondidas, no pudo acudir a las bodas de sus hermanos. “Me decía que había ido a acostarme con todos los hombres del Albaicín”, contó que le reprochaba su marido las contadas veces que salía a la calle sin él. Cuando su padre mató a su madre, Francisco Orantes —que se cambió los apellidos de orden— tenía 19 años. Vivían en la planta de arriba de una casa compartida con el agresor, el hombre que asegura que nunca se arrepintió del crimen. Francisco cuenta que les convenció el juez de paz del pueblo de que no se marcharan: “¿Para qué te vas a ir, Ana? Él es bueno, no se va a meter”. La propia mujer relató en aquella entrevista que no tenían donde ir. “Me decía ‘Anitilla, perdóname, ya no va a pasar más”. Pero pasaba. “No tenía donde ir… no podía irme con mi padre ni con mi madre… yo tenía que aguantarlo”.
La solución a aquel desamparo llegaría, en parte, seis años después. En 2003 se aprobó la ley reguladora de las órdenes de protección. “Fue una solución al problema gravísimo de las mujeres que tenían que volver a casa después de denunciar malos tratos”, explica Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas Themis. “Se fijó un plazo de 72 horas para que el juez estableciera medidas cautelares como el uso del domicilio familiar, la guardia y custodia de hijos y las pensiones. Antes se tardaba mucho tiempo y eso disuadía a las mujeres de denunciar”. 20 años después, un tercio de las órdenes de protección son rechazadas. Y esa es solo la media. Hay provincias y juzgados donde no prosperan más del 50%, tal como denunciaba esta semana en una entrevisa con este periódico la fiscal delegada de violencia sobre la mujer, Pilar Martín Nájera.
Falta de formación
En 2004, España se convirtió en ejemplo de Europa y del mundo con la Ley Integral contra la Violencia de Género, a la que siguió la Ley de Igualdad tres años después, impulsadas ambas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Desde la ley, el número de denuncias se mantiene por encima de las 120.000 anuales y la cifra de asesinadas solo bajó de 50 el año pasado. Su desarrollo, además, dependía de la inversión. “No se dotaron económicamente, eran leyes transversales que deberían haber tenido repercusión en Sanidad, Educación o en las unidades de valoración de los juzgados, que son mínimas”, añade Amalia Fernández, presidenta de Themis.
La ley de 2004 preveía incluir materias para reforzar la formación en igualdad en todas las etapas educativas que no se pusieron en marcha. 13 años después, sigue siendo una asignatura pendiente y se ha vuelto a incluir en el pacto de Estado para atajar la violencia machista aprobado el pasado septiembre. En este tiempo, han saltado las alarmas por el papel de los más jóvenes y su legitimación de la violencia. Uno de cada cuatro (27,4%) ve como una conducta “normal” la violencia machista dentro de la pareja, según un barómetro reciente del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). “Vigilar el móvil, controlar a la pareja o los celos no lo incluyen dentro de la violencia a no ser que se lo preguntemos de forma explícita”, explicaba recientemente Anna Sanmartín, subdirectora del Centro Reina Sofía.
Sentada en la silla del plató, con calma, Ana Orantes desveló hace ahora 20 años que muchos a su alrededor sabían o sospechaban la violencia que sufría. La farmacéutica, la vecina, el amigo del marido, sus suegros. “Pues no haber bailado”, le reprochó su suegra el día que llegó a casa después de recibir una paliza por bailar medio pasodoble con un primo. 20 años después, el silencio persiste. Menos del 2% de las denuncias por malos tratos vienen del entorno, según datos del Consejo General del Poder Judicial. “Seguimos necesitando un apoyo social que aún no existe”, reclama Susana Martínez, presidenta de la Comisión de Investigación Malos Tratos a Mujeres.
Martínez reclama también una mayor formación y sensibilización en los juzgados y en la policía. “Cuando se evalúa a las víctimas, se está interpretando que sufren riesgo bajo o medio muchos casos que darían lugar a más protección si se escucharan bien”, dice. “Queda por cambiar lo más difícil: la mentalidad de los aplicadores de la ley y de las personas que intervenimos alrededor. Hay que ser muy valiente para poner una denuncia y mantenerla hasta el final. La violencia más grave no llega a los juzgados”, añade Altamira Gonzalo.
Ana Orantes contó cómo su marido golpeaba también a sus hijos, cómo abusó de una de las hijas. Entonces, como ahora, los hijos son víctimas, aunque solo quedaron reconocidas como tal a partir de una reforma de la Ley de la Infancia aprobada en 2015, con el PP en el Gobierno. La norma para que ningún huérfano se quede sin pensión es de este año. El pacto de Estado pide modificaciones legislativas para dar protección a las víctimas incursas en situaciones de sustracción internacional de menores cuyo origen sea una situación de violencia de género. Recuerda el caso vivido este verano por Juana Rivas, que se escondió con sus hijos un mes para no devolverlos al padre, condenado en 2009 por maltrato. También se acaba de aprobar la consideración de víctimas en casos de mujeres a las que les mataron a los hijos, como ocurrió con Ruth Ortiz. Su exmarido, José Bretón, fue condenado a 40 años.
“Lo único que me pesa es no haberlo hecho antes”, se despidió Ana Orantes de aquella entrevista de 40 minutos. Su hijo Francisco la recuerda todos los días. “Para mí ella lo era todo”. Mientras vivía temiendo que la mataran, le pidió que no le llevara flores al cementerio. “Allí no queda nada. Son solo cenizas”, le decía.
