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Libertad provisional para 8 activistas turcos acusados de terrorismo

26 Octubre 2017

Todos los juzgados se enfrentaban a penas de hasta 15 años de prisión por vínculos o pertenencia a un grupo terrorista

A última hora del miércoles, un tribunal de Estambul ha decretado libertad provisional para 8 activistas turcos del caso de Buyukada, entre los que figura la directora de Amnistía Internacional Turquía, Idil Eser. Después de una sesión de más de 12 horas, casi todos los acusados que permanecían en prisión preventiva han sido puestos en libertad. El único que seguirá detenido es Taner Kiliç, presidente de AI Turquía, que se enfrenta a otro proceso judicial en Izmir donde se celebrará la vista este jueves. Otros 2 de los imputados, Seyhmus Ozbekli y Nejat Tastan, habían sido puestos en libertad antes de este miércoles.

“Esto es exactamente lo que esperábamos hoy”, ha recordado Andrew Gardner, investigador de AI, a la salida del Palacio de la Justicia. “Y nos da esperanzas para pensar que finalmente serán absueltos de todos los cargos”. Los trabajadores de ONGs procesados, excepto Ozlem Dalkiran de la organización Asamblea de los Ciudadanos, recibirán sus pasaportes y podrán viajar fuera del país mientras continúa el sumario lo que permitirá a Peter Stdeutner y Ali Gharavi volar a sus respectivos países (Alemania y Suecia). Horas antes del fallo, el fiscal pidió la puesta en libertad de todos los acusados menos Veli Acu, del Programa de Alimentos de Naciones Unidas (WFP). El juicio se reanudará el 22 de noviembre.

La policía acordonó la plaza donde se levanta el tribunal, en la que miembros de distintas ONG leyeron un manifiesto para exigir la liberación de sus compañeros. Tanto periodistas extranjeros como personal consular de países europeos acudieron a la convocatoria, ya que uno de los acusados es de nacionalidad alemana (Peter Steudtner) y otro irano-sueca (Ali Gharavi). La vista comenzó con retraso debido al limitado aforo de la sala y a la numerosa asistencia de público, prueba de la gran expectativa que había suscitado la primera sesión del juicio más paradigmático contra organizaciones defensoras de los derechos humanos en Turquía.

Al comienzo de la sesión, defendió su inocencia Ozlem Dalkiran, miembro de la ONG Asamblea de Ciudadanos (HYD, en sus siglas turcas). La prueba del delito del que se le acusa son conversaciones que mantuvo con individuos procesados por pertenecer a la cofradía del clérigo Fetulá Gülen —a quien Ankara acusa de estar detrás del golpe fallido—, así como organizar consejos ciudadanos del no —un movimiento de oposición tras el referéndum constitucional de abril—.

Denuncia de un particular

En esas conversaciones se mencionaba a los profesores en huelga de hambre Nuriye Gülmen y Semih Özakça, encarcelados por su pertenencia al grupo armado izquierdista DHKP-C. La mayoría de las imputaciones siguen el mismo patrón, haber mantenido contacto con acusados por terrorismo. Tras Dalkiran, defendieron su inocencia Peter Steudtner, Ilknur Ustun, Idil Eser, Ali Gharavi, Gunal Kursun y Nalan Erkem.

“Los 10 de Estambul” (como les ha apodado la prensa sin contar a Taner Kiliç, cuyo caso se añadió después) celebraban un taller sobre seguridad digital organizado por una iniciativa conjunta, la Plataforma Común por los Derechos Humanos (IHOP, en sus siglas turcas). El encuentro tuvo lugar en un hotel de la isla de Buyukada, al sur de Estambul, a comienzos de julio. Un “testigo secreto”, el traductor del evento u otro huésped del hotel, avisó a la policía. Según la acusación, denunció una reunión clandestina en la que se impartían clases para proteger y encriptar “información en los teléfonos en caso de que fueran incautados por la policía”.

“Como Amnistía Internacional, hablamos con ciudadanos sobre asuntos sensibles, que les afectan a ellos o a sus familias, y esta información es confidencial”, explicaba Andrew Gardner, investigador de AI Turquía, a la entrada del tribunal. “Es nuestra obligación mantener en secreto lo que nos cuentan”, concluía para defender lo tratado en el taller de Buyukada. Gardner cree que las detenciones son un golpe directo al trabajo que Amnistía Internacional desarrolla en Turquía, ya que algunos cargos que se le imputan a Idil Eser se refieren a campañas anteriores a 2016, cuando ella comenzó a trabajar para la institución.