A vueltas con la República Centroafricana
17 Julio 2017
En marzo de 2013, miembros del grupo rebelde Seleka se apoderaron del poder en la República Centroafricana con el apoyo de Chad y Sudán. El presidente François Bozizé, que había llegado a la presidencia del país unas décadas antes gracias a un golpe de Estado, huyó. Las milicias locales, conocidas como anti-Balaka se organizaron para oponerse a los nuevos gobernantes. Ya estaba servida una nueva guerra en un nación que desde su nacimiento las ha sufrido periódicamente. Un conflicto que emplea a miles de niñas y niños como soldados, crimen que es casi ignorado en la mayoría de las informaciones que nos llegan desde el terreno.
En los últimos años se han firmado varios tratados de alto el fuego y acuerdos de paz. El más importante fue el de 2014 que permitió celebrar las elecciones en 2015 y 2016, que ganó el actual presidente, Faustin-Archange Touadéra. Sin embargo, eso no supuso el fin de la violencia en el país, sino que esta ha continuado y evolucionado con la incorporación de nuevos grupos armados a la ya caótica situación del país, como señalábamos, no hace mucho tiempo, en estas páginas.
El último acuerdo de paz, propiciado por el Vaticano, se firmó el 19 de junio y tenía como finalidad acabar con el conflicto al poner de acuerdo al Gobierno con 13 de los 14 grupos armados reconocidos. Pero, apenas 24 horas después de la firma, se produjeron nuevos enfrentamientos en el pueblo de Bria entre anti-balakas y miembros de una facción Seleka, el Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana (FPRC), que dejó al menos 100 muertos, según informaba Reuters.
Por tanto, en la actualidad, el conflicto en la República Centroafricana sigue sumando víctimas a los miles de muertos ya provocados, al millón de desplazados y a los más de 2,5 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria.
Estos crímenes se están cometiendo con total impunidad, denunciaba la organización Human Rights Watch (HRW) en la presentación del informe Killing without consequence: War crimes, Crimes against humanity and the Special Criminal Court in the Central African Republic (Matando sin consecuencias: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y la Corte Penal Especial en relación a la República Centroafricana) la semana pasada.
El documento presenta un relato exhaustivo de los crímenes de guerra cometidos en las tres provincias centrales del país desde finales de 2014. Incluye, entre otros, 560 muertes de civiles y la destrucción de más de 4.200 viviendas. Estos crímenes están bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Tribunal Penal Especial para la República Centroafricana (TPSRC), creado en 2015 por el Gobierno centroafricano con la intención de allanar el camino hacia la justicia de las víctimas, pero que todavía no se ha puesto en marcha por falta de fondos, entre otras cosas. Este tribunal tiene jurisdicción para investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos en el país desde 2002.
De cara a la elaboración de este documento, HRW entrevistó a cientos de personas, entre las que se encuentran víctimas, familiares de estas, testigos de ataques y funcionarios del gobierno, las Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y otros. En los apéndices del informe se detallan casi 120 ataques en las provincias de Nana-Grébixi, Ouham y Ouaka desde finales de 2014. Aunque el número total de estos puede ser mayor, como el mismo informe señala.
La matanza de civiles y la destrucción de aldeas han sido dos de las principales tácticas de combate de la mayoría de estas milicias, independientemente de su ideología o credo, denuncia HRW. En todo el país, los diversos grupos armados han forzado a decenas de miles de personas a abandonar sus casas y refugiarse en la selva donde muchos han muerto de hambre o enfermedad. Las personas con discapacidades estaban especialmente en riesgo al no poder huir rápidamente y tienen que enfrentarse a graves barreras a la hora de acceder a los campos de desplazados.
Todos estos crímenes documentados por HRW caen bajo la jurisdicción de la CPI, que tiene dos investigaciones abiertas en el país. Sin embargo, este tribunal solo tiene capacidad para juzgar a los responsables de los crímenes más graves. Decenas de otros comandantes, que tienen responsabilidad criminal por atrocidades cometidas, algunos de los cuales están identificados por su nombre por HRW, nunca podrán ser llevados antes esta justicia. De ahí la importancia de que el TPSRC empiece su andadura lo antes posible.
En los últimos meses se han nombrado algunos cargos claves de esta institución, como ya señalamos; sin embargo, se necesita más determinación por parte del Gobierno centroafricano para que, de una vez por todas, se facilite el acceso de las víctimas a la justicia.
También se necesita más determinación por parte del Ejecutivo y de las organizaciones internacionales para terminar con una de las grandes catástrofes de este conflicto y que, curiosamente, se denuncia poco: el uso de niñas y niños como soldados.
Desde que el actual conflicto se inició en 2012, al menos 13.000 niñas y niños han sido reclutados en ambos bandos, según estima la ONU. Aunque otras fuentes sospechan que el número real es mucho más alto.
El trato que reciben estos menores es terrible, como revelaba un informe de Naciones Unidas del pasado mes de mayo. Es verdad que no se trata de una crueldad distinta a la que emplean otros grupos, pero no por eso deja de sorprendernos que niñas de tan solo seis años sean secuestradas por las milicias y que la mayoría de los niños sean sometidos a actos de violencia sexual y malos tratos, y utilizados como escudos humanos.
Aunque gran número de estos menores son secuestrados por los diversos grupos armados, otros se ven obligados por su entorno social y familiar a unirse a ellos para defender a sus comunidades, en lo que nunca podrá ser visto como un alistamiento voluntario, ya que a los menores no se les ofrece otra alternativa. Este supuesto se ha producido, sobre todo, entre los grupos anti-Balaka, que en un primer momento surgieron para la autodefensa de sus comunidades ante los ataques lanzados por los Seleka.
Debemos recordar que también miembros de la Misión de las Naciones Unidas de Mantenimiento de la Paz en la República Centroafricana (MINUSCA) han sido acusados de abusar sexualmente de mujeres y niños, desde su llegada al país en 2014.
En 2015, UNICEF cerró un acuerdo con los grupos armados del país para liberar a 10.000 niños soldados y terminar con su reclutamiento. Los datos de la organización sugieren que la mayoría de estos menores han sido oficialmente desmovilizados. Pero la violencia que no cesa ha provocado que muchos sean reclutados otra vez o se produzcan nuevos casos.
En 2016, se documentaron otros 3.000 nuevos reclutamientos. En la actualidad hay informes que indican que las familias pagan rescate para que los niños sean liberados, una práctica que aumenta la rentabilidad de los secuestros. A todo esto hay sumar que no llega a la mitad el número de menores soldados desmovilizados que reciben apoyo para su reintegración y reinserción en la sociedad. Como tantas otras veces, la falta de dinero y de interés por parte del Gobierno hace que estas niñas y niños no reciban la ayuda que necesitan.
Por iguales razones, todavía no se ha puesto en marcha el programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de adultos, como se prometió en el Foro de Bangui de 2015. Esto ha provocado que miles de combatientes todavía esperen con expectación y cada vez más impacientes una solución a su situación, aunque queda por ver si a la hora de implementar este programa estarían dispuestos a entregar sus armas, como se estipula en el acuerdo. Una consecuencia directa de este retraso es que muchos anti-Balakas han recurrido a la delincuencia, como el robo a mano armada, para mantenerse. También con la utilización de niños para estas actividades.
La República Centroafricana se ha convertido en un puzzle donde los intereses opuestos de muchos tiene repercusiones directas en las vidas y supervivencia de miles de mujeres y hombres, niñas y niños, que, por el momento, no vislumbran un alivio de su situación.
