El oasis africano para los refugiados se llama Uganda
2 Junio 2017
El país representa un modelo internacional de acogida
Las leyes de inmigración europeas prometían días luminosos. Pero la nube se cernió sobre Calais (Francia) a finales de octubre de 2016 para desenmascarar las verdaderas políticas tras las bambalinas diplomáticas entre Francia y Reino Unido. Corazones inertes. Los medios hablaban de jungla en un claro intento de apuntalar una narrativa: la de que los cerca de 7.000 inmigrantes de múltiples nacionalidades que esperaban a que la desesperanza les diera una tregua, eran salvajes. Y por eso había que talar la vegetación y fumigar con leyes insensibles a las personas que se habían ido congregando desde hacía 17 años en el norte del país galo. Soluciones cortoplacistas para causas estructurales.
Calais se había convertido en un símbolo de los fracasos de las políticas de Europa hacia los solicitantes de asilo y otros migrantes. De hecho, en la mayoría del mundo, los refugiados tienen pocos derechos y son representados como hostiles para la población local. Turquía (2.992.567 refugiados en abril de este año) y Líbano (1.011.366 refugiados a 31 de diciembre de 2016) son los anfitriones mundiales de unas cifras descabelladas de población que huye de la guerra o de condiciones de vida muy deterioradas y que se enfrentan a severas restricciones al empleo, la educación y la sanidad.
En el tablero africano, Kenia y Etiopía se encuentran entre los países con esta problemática que más desafíos políticos –y sobre todo económicos– tienen. Por un lado, el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, ha amenazado en repetidas ocasiones con cerrar Dadaab, el que se dice que es el campo de refugiados más grande del mundo, con una población aproximada de 300.000 personas. Por otro lado, a mediados de mayo tenía lugar en Adís Abeba, la capital etíope, una misión operativa conjunta de la Cáritas Italiana y de la Comunidad de San Egidio para abrir el primer corredor humanitario de África, como compromiso del protocolo firmado en Roma el 12 de enero de 2017.
