República Dominicana: Se insta al presidente Medina a detener reforma regresiva para los derechos de las mujeres
15 Diciembre 2016
El 14 de diciembre, el Congreso dominicano aprobó una reforma del Código Penal que mantiene la penalización del aborto excepto cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer o la niña pero sólo tras haber hecho todo lo posible para salvar la vida de la madre y del feto.
Con la actual reforma, las mujeres recibirán sanciones penales de entre dos y tres años de prisión, y los profesionales de la salud que proporcionen servicios de aborto serán sancionados con penas de entre cuatro y diez años.
El texto tiene que remitirse ahora al presidente Danilo Medina para su promulgación. El presidente está facultado para oponerse a la reforma e insistir en las excepciones a la penalización del aborto que propuso en 2014, entre las que figura despenalizar el aborto cuando el embarazo ponga en peligro la vida o la salud física o mental de la mujer o la niña, en los casos en que el feto no pueda sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.
“Si el presidente Medina se retractara de repente de su valiente postura de 2014 estaría traicionando a millones de mujeres y niñas dominicanas, cuyos derechos y dignidad correrían peligro con esta reforma”, ha señalado Robin Guittard, responsable de campañas de Amnistía Internacional en el Caribe.
Se ha demostrado que la prohibición total del aborto no reduce el número de abortos, sino que lo que hace es aumentar el riesgo de que las mujeres mueran debido a abortos ilegales y peligrosos, y que las leyes restrictivas sobre el aborto hacen que en especial las mujeres y las niñas que viven en la pobreza o que habitan en zonas rurales y aisladas se arriesguen a someterse a abortos peligrosos.
Amnistía Internacional y varios grupos dominicanos de derechos de las mujeres temen que la nueva excepción tan estrictamente delimitada haga imposible en la práctica que las mujeres y las niñas cuya vida corra peligro accedan a servicios de aborto. Su impacto será catastrófico para las mujeres y las niñas de la República Dominicana, a las que se seguirá penalizando, estigmatizando y obligando a someterse a abortos peligrosos.
