por Piers Purdy, 21 Julio 2016.

Foto AP/Fernando Antonio. Todos los derechos reservados.

Según el informe anual de Civicus sobre la sociedad civil en el mundo,
se violan derechos fundamentales en al menos 14 países de América
Latina. 

Civicus, la organización sin ánimo de lucro ‘dedicada al
fortalecimiento de la acción ciudadana y la sociedad civil en el mundo’,
acaba de publicar, como cada año, su Informe de Control de la Sociedad Civil.
En el informe se documentan graves violaciones de la libertad de
asociación, de expresión y de reunión en 109 países, 14 de ellos en
América Latina, a lo largo de 2015.

El informe expone una tendencia preocupante. A pesar de los
llamamientos a impedir la reducción del espacio de la sociedad civil,
puede observarse que ‘cada vez más estados no están cumpliendo con sus
compromisos con la legalidad internacional y con su deber de proteger y
hacer posible la sociedad civil’. El resultado es un aumento alarmante
del número de casos de hostigamiento, violencia física y asesinatos
selectivos de activistas de la sociedad civil en todo el mundo – por
parte de actores estatales y no estatales.


El informe denuncia asimismo ‘el alto porcentaje de países
[latinoamericanos] en los que se registran graves violaciones’. La gran
mayoría de estas violaciones tienen que ver con la desprotección de la
libertad de asociación, razón por la que personas y grupos relacionados
con organizaciones de la sociedad civil (OSCs) son con frecuencia objeto
de acoso, violencia y, en varios países, homicidio. 

Los países
latinoamericanos son también culpables de graves violaciones de la
libertad de expresión y de reunión, por los repetidos ataques que sufren
periodistas y blogueros. A pesar de algunos avances formales a nivel
legislativo, la realidad sigue siendo inquietante y existe en toda la
región una sensación de retroceso. A los observadores de los derechos
humanos y civiles les toca perseverar en su tarea, proseguir los
esfuerzos para proteger a los activistas de acoso y violencia extrema, y
obligar a los gobiernos a rendir cuentas de sus violaciones.


Este es un resumen de los abusos registrados en 2015 en países de América Latina:




Bolivia


La policía usó métodos violentos para reprimir las protestas de los
mineros que reclamaban al gobierno que hiciera frente a los problemas de
desarrollo de su región. Muchas OSCs recurrieron a la autocensura como
mecanismo de supervivencia ante el acoso de activistas y organizaciones.
Y se acusó públicamente a varias ONGs de ser “irregulares” por no
cumplir con la ley de registro de organizaciones.


Brasil


Se dieron numerosas violaciones de derechos fundamentales de
periodistas, manifestantes y activistas de la sociedad civil. Varios
activistas de derechos de  los pueblos indígenas, blogueros y
periodistas fueron intimidados, atacados con violencia y asesinados.
Fallaron los mecanismos de protección en el caso de varios defensores de
los derechos humanos que fueron hostigados en los tribunales y
expulsados de sus puestos de trabajo a causa de sus actividades.


Chile


En el sur de Chile la policía usó medidas de fuerza desproporcionadas
ante las protestas pacíficas de indígenas, un colectivo al que cabe
considerar especialmente de riesgo. Por ejemplo, en el mes de setiembre
se dispersó con excesivo de celo a unos activistas de la comunidad
mapuche que ocupaban pacíficamente un edificio gubernamental en la
ciudad de Temuco.


Colombia


Los frecuentes ataques violentos y asesinatos de periodistas,
abogados, activistas comunitarios y religiosos y población indígena
hacen de Colombia uno de los países del mundo más peligrosos para los
periodistas y los defensores de los derechos humanos. La estructura de
la propiedad de los medios y las amenazas a periodistas – especialmente
los que cubren casos de corrupción, crímenes, abusos de derechos humanos
y elecciones – socavan la libertad de expresión en el país.


Cuba


La restricción de todas las libertades continuó vigente a pesar de
restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Las
fuerzas de seguridad siguieron acosando a personas y a grupos
organizados con fines políticos externos al Partido Comunista. Todos los
medios tradicionales son propiedad del Estado, carecen de independencia
editorial, y aunque ha aumentado el acceso a internet, sigue siendo muy
limitado. Los arrestos arbitrarios de corta duración como táctica
intimidatoria contra los defensores de los derechos humanos, los
periodistas independientes, los disidentes políticos y los manifestantes
aumentó de manera notable.


Ecuador


El gobierno intentó clausurar el sitio web de la última ONG dedicada a
la defensa de la libertad de prensa que queda en el país. Incrementó
también su capacidad de interceptar las comunicaciones digitales y
respondió a la escalada de protestas sociales con más presión e
infiltración policial en las manifestaciones. Los activistas
medioambientales y los defensores del derecho a la tierra tuvieron que
hacer frente a numerosos ataques y amenazas.


El Salvador


El asesinato de un activista transexual puso de manifiesto la
violencia continua contra los defensores de los derechos humanos. Un
blanco específico de esta violencia fueron las mujeres activistas. El
número de acciones criminales contra los medios se incrementó
substancialmente.


Guatemala


Las protestas contra el desgobierno consiguieron hacer dimitir al
presidente del país, acusado de corrupción. Pero persistió la violencia,
los homicidios y la intimidación de los defensores de los derechos
humanos y de los periodistas. Los activistas medioambientales y los
defensores de los derechos de los pueblos indígenas fueron los más
afectados. Continuó también la impunidad por crímenes pasados contra los
defensores de los derechos humanos, así como la intimidación de
fiscales, jueces y abogados.


Honduras


Se registró un aumento de los crímenes contra periodistas y
activistas de la sociedad civil, especialmente contra los defensores de
los derechos LGBTI y de la mujer. Aunque se promulgó una ley para
proteger a los defensores de los derechos humanos, su implementación no
fue adecuada y se obvió consultar a la sociedad civil. Aparecieron
informaciones de que el gobierno había adquirido software espía. La
sociedad civil siguió teniendo que hacer frente a pesados requisitos
administrativos.


México


Fueron asesinados periodistas activos en la denuncia de abusos de los
derechos humanos y el tráfico de drogas. Se informó de que el gobierno
había adquirido software de vigilancia que amenaza al derecho a la
intimidad. Ocho defensores de los derechos humanos fueron asesinados y
muchos otros, especialmente abogados defensores del derecho a la tierra
de los pueblos indígenas, sufrieron acoso judicial, ataques físicos,
amenazas e intimidación. Las mujeres defensoras de los derechos humanos
corrieron un riesgo especial.


Nicaragua


Dos defensores de los derechos humanos fueron asesinados y se
extendió la autocensura en los medios. Se elaboró un proyecto de ley
para la creación de una compañía estatal para la gestión de los
servicios de banda ancha. Entró en vigor la Ley de Seguridad Soberana,
que amplía la definición de lo que puede considerarse una amenaza de
seguridad. El gobierno informó a las OSCs de que ya no podrían recibir
financiación directa de fuentes internacionales sino únicamente a través
de instituciones estatales. Varias protestas, entre ellas algunas
contra el megaproyecto de canal interoceánico, fueron duramente
reprimidas.


Paraguay


Los defensores de los derechos humanos que trabajan en temas
medioambientales, de pueblos indígenas y de derecho a la tierra tuvieron
que hacer frente a ataques físicos, amenazas, intimidaciones y campañas
de difamación. Las mujeres activistas los sufrieron de manera especial.
Los defensores de los derechos humanos fueron también objeto de
suspensiones por parte de asociaciones profesionales a causa de sus
actividades. Se reprimieron protestas, en particular las protagonizadas
por trabajadores y campesinos sindicados.


Perú


Se modificaron los requisitos para la renovación del registro de las
ONG y aumentaron sus obligaciones de información y controles. Aumentaron
las protestas sociales y medioambientales y se decretó el estado de
emergencia en tres provincias tras violentos enfrentamientos con la
policía. Los defensores de los derechos humanos, en particular los que
se oponen a las industrias extractivas, fueron blanco de la represión.
Las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
fueron otro colectivo de riesgo.


Venezuela


Se hostigó y criminalizó a activistas y periodistas, a los que altos
cargos del gobierno acusaron repetidamente de trabajar para potencias
extranjeras con el fin de desestabilizar al Estado. Las OSCs que
cooperan con las Naciones Unidas y los mecanismos de integración
interamericana fueron objeto de acoso especial y acusadas de
conspiración. Como reacción a las protestas de 2014, el gobierno aprobó
un decreto por el que las fuerzas de seguridad pueden usar fuerza letal
en las manifestaciones. Se registraron numerosas e importantes
violaciones de la libertad de expresión.


Fuente: CIVICUS




El contenido del informe de Civicus está en línea con la creciente
preocupación por la violencia estructural en la que sigue inmersa la
región. Aunque se producen señales positivas de que pueden mitigarse los
conflictos violentos, notablemente por parte de los que se sientan
alrededor de la mesa de negociaciones para la paz en Colombia, sigue
habiendo disfunciones importantes por parte de los estados en cuanto a
la protección de los ciudadanos activos en el espacio de la sociedad
civil.


Mientras que países como El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,
Brasil y Colombia presentan las formas más violentas de represión de las
OSCs, las presiones y las restricciones de las libertades básicas que
pone de manifiesto este informe siguen siendo un reto para toda la
región. 

El informe cubre el año 2015, pero en el primer semestre de 2016
hemos visto cómo se ha deteriorado la situación aún más y de manera
significativa en Honduras y hemos podido presenciar desarrollos
inquietantes en Argentina, un país al que hay que prestar especial
atención este año. A los estados de la región les corresponde la
responsabilidad de revertir la tendencia hacia la contracción de la
sociedad civil. 

De no asumirla, seremos testigos del silenciamiento de
aquellos que tan desesperadamente precisan de una voz en las sociedades
de Latinoamérica.

FUENTE: Open democracy