General

Sáhara Occidental: el fracaso de una Misión

por Eduardo Fungariño Bringas, Noticias de Navarra,  08.02.2016.




Eduardo Fungairiño Bringas



El
25 de abril de 2015 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
prorrogó por otro año la presencia de la MINURSO (Misión de las Naciones
Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental) en el antiguo Sáhara
Español, dividido entre los Territorios Ocupados (ilegalmente invadidos
por Marruecos) y el territorio de la República Árabe Saharaui
Democrática (la RASD ocupa una quinta parte del antiguo Sáhara Español).
Cuando el alto el fuego acordado entre el POLISARIO (Frente Popular
para la Liberación de Saquia el Hamra y Río de Oro) y Marruecos puso fin
a la guerra, que había durado desde 1976, la Resolución 690 del Consejo
de Seguridad de las NN UU de 29 de abril de 1991 estableció la citada
MINURSO.

Esta Misión (compuesta por unos 250 militares y civiles) tenía por
objeto organizar el referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara
Occidental, además de vigilar el mantenimiento del alto el fuego,
procurar el desminado del territorio (en 2014 se inutilizaron más de
3.200 minas), gestionar con ambas partes la liberación de los presos
políticos, facilitar las visitas familiares entre ambos territorios,
etc. Desde luego, ha fracasado en su objetivo principal, pues el
referéndum sigue sin celebrarse a pesar de que existe un censo de
saharauis organizado por España, discutido por Marruecos y objeto de
discrepancias sobre si los votantes deben ser los que viven en el Sáhara
Occidental (lo que incluiría a numerosos colonos marroquíes) o los
étnicamente saharauis (lo que incluiría a los refugiados en Tinduf, a
los Izarguien asentados entre el paralelo 27º 40′ N y el Uad Draa
-antigua colonia del Cabo Juby- e incluso a los Imeraguen asentados en
la costa de Mauritania).

Pero, sea por las discrepancias en el censo, sea por las dificultades
que periódicamente levanta Marruecos (que, paradójicamente, teme que
una gran parte de los colonos asentados en el territorio sahariano vote
por la independencia), la consulta popular vinculante sigue en el aire.
Últimamente, Marruecos ha decidido prescindir del censo y ha decidido
que no admitirá el referéndum y que solo admitirá un régimen de amplia
autonomía para la excolonia, lo que es rechazado por los saharauis.

Entre tanto, las autoridades marroquíes ocupantes siguen cometiendo
constantes abusos sobre la población saharaui: detenciones arbitrarias,
represión de manifestaciones pro independencia, apaleamientos,
allanamientos de viviendas sin orden judicial, exclusión de los
saharauis de los trabajos en agricultura y pesquería, maltratos
policiales, homicidios en comisarías, prisiones preventivas sin fechas
de juicio, privación de los propios recursos naturales, etc. Pero como a
la MINURSO no se le atribuyó competencia para investigar y denunciar la
violación de los Derechos Humanos (DD HH), sus miembros tienen que
permanecer impasibles ante su continuada vulneración.

En marzo de 2014 los Estado Unidos propusieron dotar a la MINURSO de
dicha competencia, pero Marruecos protestó airadamente, alegando que
ello afectaba a su soberanía nacional; y Francia, auténtico mentor del
Majzén, se opuso a esa iniciativa, con lo que la Resolución 2152 (2014)
del Consejo de Seguridad de las NN UU que prorrogó el mandato de la
MINURSO hasta el 30 de abril de 2015 no hizo mención, como se pretendía,
a la vigilancia de las vulneraciones de los DD HH. Y lo mismo ocurrió
un año más tarde con la Resolución 2218 (2015) que prorrogó el mandato
hasta el 30 de abril de 2016; falta de mención tanto más significativa
cuanto que España (que sigue siendo formalmente el país administrador
del Sáhara Occidental y que mantuvo al respecto un silencio estratégico)
formaba parte ya en 2015 del Consejo de Seguridad como miembro no
permanente; y cuanto que los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y
Rusia -miembros permanentes con poder de veto- forman con España el
Grupo de Amigos del Sáhara. Como se ha dicho ¡si esto hacen sus amigos, qué no harán sus enemigos!

Es llamativo que ninguna noticia del Sáhara Occidental trascienda a los mass media españoles, a pesar de existir agencias de prensa como Sahara Press Service u organizaciones como Western Sahara Resource Watch,
que dan cuenta sin filtro marroquí de la realidad del Sáhara
Occidental. El denominado gran público español solo tiene noticia de los
saharauis cuando sus hijos son acogidos en España en las vacaciones de
verano o cuando las ONG recolectan alimentos y material escolar para los
campamentos de Tinduf. Nada se informa al público de la represión, de
las felonías que perpetra Marruecos en el Sáhara ¡el último territorio
del mundo sujeto a un poder colonialista! Tan cerca de España, tan cerca
de las Islas Canarias…

Los políticos españoles han mantenido respecto al Sáhara Occidental y su
población saharaui una postura cuando se encuentran en la oposición y
otra radicalmente contraria cuando ostentan responsabilidades de
gobierno. Así, Felipe González proclamó en 1976 ante los saharauis: “No os prometo, me comprometo ante la historia al deciros que el PSOE estará con vosotros hasta la victoria final”;
sin embargo el expresidente no tomó durante su largo mandato ninguna
medida favorable a los saharauis (reconocimiento de su nacionalidad
española, reconocimiento de la RASD, etc.), y el diario “El Mundo”
informaba el 1 de marzo de 2010 que Felipe González construía una villa
en Tánger, en primera línea de playa con el beneplácito de Mohamed VI, con quien está muy bien relacionado.

Trinidad Jiménez se manifestaba en Madrid el 12 de julio de
2003 a favor de la independencia del Sáhara Occidental exhibiendo
pegatinas saharauis; sin embargo siendo ministra de Asuntos Exteriores
en octubre de 2010 alegó no tener información sobre el ataque y
desmantelamiento (con muerte de varios saharauis) del campamento de
Gdeim Izik o Campamento de la Dignidad pacíficamente establecido en las
afueras de El Aaiún, cuando todas las agencias de prensa, el Congreso
español y el Parlamento Europeo tenían ya cumplido conocimiento de lo
sucedido. Ni una acción en beneficio de los saharauis, ni una palabra de
condena de las brutalidades marroquíes…

El ahora eurodiputado Esteban González Pons y el ahora parlamentario vasco Iñaki Oyarzábal
exhibieron una bandera española junto a las banderas saharauis en una
manifestación en Madrid el 13 de octubre de 2010, queriendo hacer
patente así el compromiso de España con los saharauis. Pero desde 2011
el Gobierno sustentado por el Partido Popular, del que los citados son
miembros, no ha tomado ninguna medida a favor de los originarios
habitantes del Sáhara Occidental; ni ha condenado los abusos de los
ocupantes marroquíes contra la población; ni ha reconocido la
nacionalidad española de los pobladores censados o de sus descendientes;
ni reconoce la autenticidad de los documentos emanados de las
autoridades de la RASD; ni disuade a las empresas españolas que -en
contra del art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas y del art. 1.2 del
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Nueva York, 19-12-1966)- comercian con productos (fosfatos, arena)
extraídos del suelo sahariano, o con pescado extraído de sus aguas;
aguas que, por cierto, el ahora comisario español en la Unión Europea Miguel Arias Cañete situaba al sur de Agadir;
del mismo modo que el Instituto Cervantes, que tiene centros en
Marruecos (Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat, Tánger y Tetuán), en
Argelia (Argel y Orán), y en Túnez, anuncia que va a abrir un centro en
El Aaiún, que sitúa ¡en el norte de África! como si la expresión Sáhara Occidental fuera nefanda. Todo sea para no molestar al Comendador de los creyentes.

Fue solo el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
quien el 29 de octubre de 2009 presentó en el Congreso de los Diputados
una proposición no de ley para establecer los principios que deben
regir la política exterior española con relación al Sáhara Occidental
(lo que incluía el apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, el
reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, etc.). La
proposición fue rechazada y, hoy día, UPyD ya no está en el Congreso.

Sin embargo, la realidad judicial es terca. El Pleno de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto el 4 de julio de 2014
en la causa por el asesinato del ciudadano español Baby Handay Buyema
el 8 de noviembre de 2010 en el campamento de Gdeim Izik, auto por el
que mantiene abierta la investigación del caso; por su parte el Juzgado
Central de Instrucción n.º 5 ha dictado un auto el 9 de abril de 2015
procesando a once funcionarios marroquíes (gendarmes, policías, etc.)
por genocidio cometido durante la invasión y posterior ocupación del
Sáhara Occidental; lo relevante es que se recuerda que España, por
mandato de las NN UU, sigue siendo formalmente la administradora del Sáhara Occidental y, por tanto, tiene jurisdicción sobre el territorio
(art. 8 del Código Civil y 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de
anular el 10 de diciembre de 2015 el Acuerdo agrícola entre la UE y
Marruecos de 12 de marzo de 2012 porque Marruecos (cuya soberanía sobre
el Sáhara Occidental dicho Tribunal niega) explota ilícitamente las
riquezas naturales del territorio en perjuicio del pueblo saharaui. Lo
que ha hecho tras reconocer el insoslayable derecho del Frente
POLISARIO, legítimo representante del pueblo del Sáhara Occidental según
las Naciones Unidas, a pleitear en Europa en defensa de sus intereses.

También es terca la realidad diplomática. El Frente POLISARIO ha
conseguido recientemente un especial reconocimiento internacional el 23
de junio de 2015 al ser tenido por Parte en el Protocolo Adicional (8 de
junio de 1977) a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de
las víctimas de los conflictos armados internacionales.

Estamos en febrero de 2016. Hace 40 años que España salió del Sáhara
Occidental, que fue inmediatamente ocupado por Marruecos, que persiguió a
su población con bombardeos de napalm, envenenamiento de
pozos, sembrado de minas, fusilamientos, violaciones, etc. La feroz
represión continúa, y la MINURSO persiste en su forzada incapacidad para
vigilar el respeto a los Derechos Humanos. Cabe preguntar qué harán los
Amigos del Sáhara cuando en abril de 2016 se plantee ante el Consejo de Seguridad la prórroga de la Misión.